El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa de un millón de euros a la empresa de alquiler de vehículos Avis. La sanción se debe a la aplicación de tarifas consideradas abusivas, que oscilaban entre 33,88 y 45 euros, bajo el concepto de «gastos de gestión». Estos cargos eran aplicados a clientes que recibían multas de tráfico mientras conducían uno de los vehículos de la empresa.
La práctica de Avis consistía en cobrar a los clientes por tramitar la notificación de la infracción y comunicar a la Administración la identidad del conductor infractor. Sin embargo, el Ministerio ha señalado que la empresa está obligada por ley a facilitar estos datos sin coste adicional para los clientes. Esta conducta ha sido calificada como una práctica abusiva, lo que ha llevado al departamento ministerial a tomar medidas.
La sanción impuesta a Avis es de grado máximo, al ser considerada una infracción muy grave. La resolución concluye que la cláusula aplicada por Avis vulnera varios artículos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), en particular los artículos 82, 87.5 y 87.6. Estos artículos prohíben el cobro por un trámite legal preceptivo y consideran desproporcionado el perjuicio causado al consumidor.
Además, el ministerio ha recordado que identificar al conductor responsable de una infracción es un deber del titular del vehículo, conforme al artículo 11 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Por tanto, este coste no puede ser repercutido a los clientes.
El caso de Avis no es aislado. La empresa ya había sido advertida por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Vitoria-Gasteiz, que declaró nula y abusiva esta misma cláusula en septiembre de 2020. La reincidencia y persistencia en esta práctica han sido factores determinantes para la imposición de la multa.
El procedimiento que ha llevado a esta sanción se inició tras una denuncia de la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/ACUV). Aunque Avis ha anunciado que recurrirá la sanción por la vía administrativa, el precedente judicial no favorece a la empresa.
Este caso pone de manifiesto la importancia de proteger los derechos de los consumidores frente a prácticas empresariales abusivas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha reiterado su compromiso de vigilar y sancionar cualquier conducta que vulnere la normativa de protección al consumidor, asegurando que las empresas cumplan con sus obligaciones legales sin perjudicar a los usuarios.
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