La Fiscalía ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la sentencia del Tribunal Supremo que impuso dos años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, por revelación de secretos. Este recurso se presenta tras la condena relacionada con la divulgación de información sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
El Ministerio Público ha comunicado que el recurso se basa en la vulneración de los derechos de García Ortiz, especialmente en lo que respecta a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías. Según el comunicado, la sentencia del Supremo no valoró adecuadamente los testimonios de descargo y se basó en pruebas indiciarias erróneas.
La Fiscalía argumenta que la sentencia ignoró pruebas exculpatorias y aplicó una interpretación constitucionalmente insostenible, lo que afecta al derecho a un juicio justo. Además, se critica que se haya utilizado información del domicilio profesional de García Ortiz sin justificación adecuada.
El recurso también cuestiona la base probatoria utilizada para la condena, señalando que se fundamentó en una interpretación errónea de los hechos y en una prueba indiciaria insuficiente. La Fiscalía destaca que la sentencia otorga a la prensa un papel desproporcionado en el proceso, lo que podría afectar la imparcialidad del juicio.
El comunicado subraya la importancia de garantizar un proceso justo, especialmente en casos que involucran a altos cargos del Estado, y advierte sobre las implicaciones de este tipo de decisiones judiciales en la percepción pública de la justicia.
En conclusión, la Fiscalía busca que el Tribunal Constitucional revise la sentencia para asegurar que se respeten los derechos fundamentales de García Ortiz y se garantice un proceso con todas las garantías legales.