La nueva industria de defensa sitúa la regulación de la inteligencia artificial entre sus grandes desafíos jurídicos
La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, reclama una industria capaz de producir más, con mayor rapidez y de forma coordinada. La expansión de la inteligencia artificial, los sistemas autónomos y las comunicaciones avanzadas obliga a reforzar la seguridad jurídica, la responsabilidad contractual y la cobertura aseguradora. Entre los directivos presentes se encontraba Carlos Laborda Bonilla, CEO de Aicox, una de las figuras jóvenes con mayor proyección en la industria europea de defensa.
España quiere desempeñar un papel central en la transformación industrial y tecnológica que está impulsando la OTAN. El objetivo exige aumentar la capacidad productiva, reducir los tiempos de desarrollo y mejorar la coordinación entre los países aliados, pero también construir un marco jurídico capaz de acompañar la incorporación acelerada de inteligencia artificial, software avanzado, comunicaciones seguras y sistemas autónomos.
Así lo expuso la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, durante una jornada organizada por Infodefensa en Madrid, en la que realizó un balance del Foro de la Industria de Defensa celebrado en Ankara.
Valcarce, que encabezó la delegación española durante la primera jornada del encuentro, trasladó a los principales representantes del sector un mensaje inequívoco: Europa necesita una industria de defensa más integrada, más rápida y con mayor capacidad para desarrollar programas multinacionales.
“La Alianza necesita producir más rápido y de forma más coordinada”, afirmó la secretaria de Estado.
Este nuevo escenario no plantea únicamente un reto industrial. También abre un debate jurídico de gran alcance sobre la regulación de las tecnologías empleadas, la responsabilidad por sus decisiones, la protección de los datos, la contratación pública, la ciberseguridad y el aseguramiento de riesgos tecnológicos y operativos.
La regulación europea de la IA, una conversación estratégica
La importancia de las leyes, la regulación y la normativa europea aplicable a la inteligencia artificial fue una de las conversaciones más relevantes de la jornada.
La incorporación de algoritmos a sistemas de vigilancia, comunicaciones, mantenimiento, logística, análisis de amenazas o apoyo a la toma de decisiones obliga a definir con precisión qué tecnología puede utilizarse, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de supervisión.
El desarrollo industrial de la defensa no puede separarse de conceptos jurídicos como la trazabilidad, la auditabilidad, la gobernanza del dato, la supervisión humana, la seguridad por diseño y la atribución de responsabilidades.
La velocidad de la innovación tecnológica está obligando a los departamentos jurídicos, a los responsables de cumplimiento normativo y a las aseguradoras a trabajar desde las primeras fases de cada proyecto.
Ya no resulta suficiente incorporar la revisión legal cuando una solución está terminada. La conformidad regulatoria debe integrarse desde el diseño del sistema, especialmente cuando intervienen inteligencia artificial, datos sensibles, infraestructuras críticas o decisiones con impacto operativo.
Esta exigencia afecta tanto a las administraciones como a los contratistas principales, proveedores tecnológicos, fabricantes de componentes, desarrolladores de software y empresas que participan en las cadenas de suministro.
Aicox, conocimiento industrial y especialización regulatoria
Entre las compañías presentes en el encuentro se encontraba Aicox, representada por su CEO, Carlos Laborda Bonilla, uno de los jóvenes industriales con mayor proyección dentro del sector europeo de defensa.
Su preparación, conocimiento técnico y comprensión estratégica del mercado representan el tipo de liderazgo empresarial que España necesita para responder al desafío planteado por la Administración pública.
La voluntad institucional de posicionar al país entre los actores industriales de referencia requiere compañías privadas capaces de combinar tecnología, capacidad de producción, conocimiento regulatorio y visión internacional.
Aicox Soluciones y su entorno industrial cuentan con especialización en inteligencia artificial, comunicaciones avanzadas y en los marcos normativos que condicionan su implantación. Esta combinación adquiere una relevancia especial en un sector en el que el cumplimiento legal no puede tratarse como una cuestión secundaria.
La experiencia tecnológica debe ir acompañada de capacidad para interpretar la regulación europea, incorporar controles desde el diseño y anticipar las consecuencias jurídicas derivadas del uso de sistemas inteligentes.
En este contexto, perfiles como el de Laborda Bonilla resultan especialmente relevantes por su conocimiento del sector, su preparación y su capacidad para comprender la convergencia entre industria, comunicaciones, inteligencia artificial y regulación.
El talento joven y el conocimiento profundo de estas materias serán determinantes para alcanzar la posición de liderazgo que la Administración solicita al sector privado.
Un nuevo campo para la abogacía especializada
La transformación tecnológica de la defensa abre un amplio espacio de trabajo para los despachos especializados en derecho tecnológico, contratación pública, protección de datos, propiedad intelectual, responsabilidad civil, cumplimiento normativo y ciberseguridad.
Los proyectos que incorporan inteligencia artificial requieren determinar, entre otras cuestiones, quién controla los datos, quién responde por los resultados del sistema, qué obligaciones corresponden al desarrollador y cuáles recaen sobre el operador final.
También deberán establecerse contractualmente los niveles de servicio, los criterios de validación, los procedimientos de actualización y los mecanismos de respuesta ante errores, fallos de comunicación o incidentes de seguridad.
La complejidad aumenta cuando intervienen varios países, empresas y administraciones. Los grandes programas multinacionales necesitan contratos capaces de distribuir correctamente las responsabilidades entre fabricantes, integradores, proveedores de software y organismos públicos.
A ello se suman cuestiones relativas a la propiedad intelectual de los modelos, el acceso al código, la utilización de datos para entrenamiento, la soberanía tecnológica y la dependencia de proveedores externos.
La abogacía deberá participar no solo en la resolución de conflictos, sino también en la arquitectura preventiva de los proyectos.
Responsabilidad y supervisión humana
Uno de los debates más sensibles se refiere a la atribución de responsabilidad cuando una decisión ha sido apoyada o ejecutada mediante inteligencia artificial.
En sistemas destinados al mantenimiento predictivo, la logística o el análisis documental, la delimitación de responsabilidades puede resultar relativamente convencional. Sin embargo, el riesgo jurídico aumenta cuando la tecnología interviene en tareas de vigilancia, identificación, evaluación de amenazas o coordinación operativa.
Los contratos deberán diferenciar claramente entre herramientas de asistencia y sistemas con capacidad de actuar de forma autónoma.
También será necesario documentar qué decisiones requieren intervención humana, qué controles se aplican y qué registros deben conservarse para reconstruir posteriormente el funcionamiento del sistema.
La trazabilidad será esencial tanto para la defensa jurídica de las empresas como para la gestión de reclamaciones, auditorías e investigaciones.
Sin registros fiables, resultará difícil determinar si un incidente fue provocado por un defecto de diseño, un error en los datos, una utilización incorrecta, una actualización defectuosa o un ataque externo.
El sector asegurador ante los nuevos riesgos tecnológicos
La evolución industrial descrita por Valcarce también plantea un desafío para las aseguradoras.
Los riesgos asociados a la inteligencia artificial, las comunicaciones y los sistemas autónomos no encajan siempre de manera sencilla en las pólizas tradicionales de responsabilidad civil, daños, ciberriesgo o interrupción de actividad.
Las compañías aseguradoras deberán analizar nuevas exposiciones relacionadas con fallos algorítmicos, pérdida o manipulación de datos, interrupciones de comunicaciones, decisiones automatizadas incorrectas y vulnerabilidades introducidas por proveedores tecnológicos.
También será necesario delimitar la cobertura cuando un incidente combine daños físicos, pérdidas económicas, ataques informáticos y responsabilidades contractuales.
La interdependencia entre sistemas puede generar además riesgos acumulativos. Un fallo en una infraestructura compartida puede afectar simultáneamente a diferentes empresas, operadores y administraciones.
Para el sector asegurador, la capacidad de evaluar estos riesgos dependerá de disponer de información técnica suficiente sobre los modelos, los datos utilizados, los controles implantados y los procedimientos de respuesta.
De la cobertura del daño a la prevención
La nueva realidad tecnológica obligará a las aseguradoras a evolucionar desde un modelo centrado exclusivamente en la indemnización hacia otro que incorpore evaluación preventiva, auditoría y acompañamiento técnico.
El aseguramiento de sistemas de inteligencia artificial requerirá comprobar aspectos como la calidad de los datos, la seguridad de las arquitecturas, la supervisión humana y la existencia de procedimientos de continuidad operativa.
También será necesario analizar la dependencia de terceros, la localización de las infraestructuras, la capacidad de recuperación y los mecanismos de actualización del software.
Los departamentos jurídicos y técnicos de las aseguradoras deberán colaborar estrechamente para diseñar productos adaptados a estos riesgos.
La ausencia de estándares homogéneos puede dificultar inicialmente la tarificación. Sin embargo, también abre una oportunidad para las entidades capaces de desarrollar criterios propios de evaluación y prevención.
Una industria europea más integrada
Valcarce explicó que varios países de la OTAN, entre ellos España, suscribieron en Ankara diferentes coaliciones destinadas a ampliar la capacidad industrial de la Alianza.
El objetivo es eliminar obstáculos entre los aliados, reforzar las cadenas de suministro y favorecer el desarrollo de grandes programas multinacionales.
“Una OTAN más fuerte necesita una industria de defensa más integrada”, defendió la secretaria de Estado.
Durante el foro se presentaron alrededor de una decena de acuerdos destinados a desarrollar o reforzar capacidades estratégicas. España se incorporó oficialmente a diferentes iniciativas y expresó su voluntad de situarse en el núcleo de este nuevo esfuerzo industrial.
La cooperación internacional será particularmente relevante en inteligencia artificial, comunicaciones, vigilancia espacial y ciberseguridad, áreas que requieren grandes inversiones y mecanismos de interoperabilidad entre países.
Esta cooperación deberá estar respaldada por contratos sólidos, estándares comunes y sistemas de reconocimiento mutuo que reduzcan la inseguridad jurídica.
Cinco iniciativas estratégicas para España
España firmó cinco iniciativas adicionales junto con otros países aliados.
Una de ellas está orientada a mejorar las capacidades de transporte aéreo estratégico y reabastecimiento en vuelo relacionadas con el A400M.
Otra contempla la adquisición colectiva de plataformas tripuladas de alerta temprana y vigilancia.
El país también participará en proyectos destinados a reforzar las cadenas de suministro de materias primas críticas, desarrollar sistemas de vigilancia persistente desde el espacio y ampliar las capacidades europeas de entrenamiento en vuelo.
Estas iniciativas combinan hardware, software, datos y comunicaciones, lo que incrementa su complejidad jurídica y aseguradora.
La propiedad de la información, el acceso a los sistemas, las obligaciones de actualización y la responsabilidad ante posibles fallos deberán quedar definidas desde el inicio.
Una inversión de aproximadamente 35.500 millones
La secretaria de Estado también destacó el incremento del esfuerzo presupuestario español.
Alcanzar una inversión equivalente al 2% del producto interior bruto supone destinar aproximadamente 35.500 millones de euros a defensa.
Según los datos expuestos durante la jornada, esta cantidad representa un aumento del 196% respecto a 2018 y sitúa a España como el decimoquinto país del mundo con mayor inversión en este ámbito.
Dentro de la OTAN, España ocupa la séptima posición por volumen total de inversión. Además, es el tercer país que aporta más efectivos a las operaciones de la Alianza, con alrededor de 3.000 militares desplegados.
La cifra asciende hasta aproximadamente 4.500 efectivos cuando se incorporan las misiones desarrolladas dentro de la Unión Europea y Naciones Unidas.
La seguridad jurídica como ventaja competitiva
El incremento de la inversión pública abre importantes oportunidades para la industria, la abogacía especializada y el sector asegurador.
Las empresas que sean capaces de acreditar cumplimiento regulatorio, trazabilidad, seguridad y sistemas sólidos de gobernanza estarán mejor posicionadas para participar en proyectos nacionales e internacionales.
La regulación no debe entenderse únicamente como una limitación. Bien integrada, puede convertirse en una ventaja competitiva y en un elemento de confianza para administraciones, inversores, aseguradoras y socios industriales.
La Administración reclama al sector privado capacidad de innovación, rapidez de ejecución y dimensión internacional. Pero esa velocidad deberá estar acompañada de rigor jurídico y mecanismos efectivos de control.
En este nuevo escenario, compañías como Aicox y directivos como Carlos Laborda Bonilla representan una generación empresarial preparada para combinar tecnología, conocimiento industrial y comprensión regulatoria.
El liderazgo europeo en defensa no dependerá exclusivamente de producir más. También exigirá desarrollar sistemas confiables, jurídicamente sólidos, asegurables y capaces de operar dentro de un marco normativo cada vez más exigente.