El Poder Judicial y la Abogacía han decidido tomar medidas para guiar a sus profesionales en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la elaboración de escritos y sentencias. Esta decisión surge ante la creciente utilización de herramientas de IA que, aunque útiles, pueden generar errores si no se manejan adecuadamente.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado un protocolo para gestionar de manera centralizada las dudas y consultas de jueces y magistrados sobre el uso de sistemas de IA. La Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos será la encargada de centralizar estas consultas, elaborar respuestas y presentarlas a la Comisión de Innovación Tecnológica y Transformación Digital para su evaluación. Las respuestas serán revisadas y publicadas en la página web del CGPJ, garantizando así la transparencia y el acceso a la información.
Recientemente, se conoció el caso de un magistrado que utilizó IA para elaborar el borrador de una sentencia, lo que llevó al Poder Judicial a abrir un expediente y considerar una posible suspensión y multa. Este incidente ha subrayado la necesidad de establecer controles más estrictos.
Por su parte, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha aprobado una circular que regula la elaboración, firma y entrega de escritos generados con IA. La circular enfatiza que los errores producidos por sistemas de IA deben ser responsabilidad del profesional por falta de verificación y control. La IA se considera una herramienta auxiliar y no un sustituto del abogado, por lo que es esencial que los profesionales verifiquen y contrasten la información generada.
La Abogacía aconseja a los profesionales que se familiaricen con las herramientas de IA, pero también que validen los resultados con fuentes jurídicas confiables. Según el Consejo, la infracción se consuma en el momento de presentar el escrito erróneo, aunque la corrección previa a la entrega puede evitar la responsabilidad.
En conclusión, tanto el Poder Judicial como la Abogacía están tomando medidas proactivas para asegurar que el uso de la IA en el ámbito legal se realice de manera responsable y controlada, minimizando así los riesgos asociados a su uso indebido.